GERARDO CAMPS EXIGE A SOLBES UNA REUNIÓN ANTES DE QUE ACABE EL AÑO PARA CAMBIAR LOS CRITERIOS DE DISTRIBUCIÓN DE LOS FONDOS REGIONALES PARA EL RECICLAJE DE DESEMPLEADOS

El Gobierno valenciano denunció este viernes la “discriminación” que sufre la Comunitat en el reparto de los fondos del Estado destinados a las políticas de inserción y formación de los trabajadores en paro. Según los cálculos de la Administración autonómica, desde que gobierna el PSOE, con José Luis Rodríguez Zapatero a la cabeza, ha pasado de recibir 1.309 euros por parado, en 2004, a los 829 que obtiene actualmente. El vicepresidente Económico, Gerardo Camps, exigirá a su homólogo en el Ejecutivo central, Pedro Solbes, una reunión para cambiar los criterios de distribución de los fondos. De otro lado, el vicepresidente primero, Vicente Rambla, advirtió que el Consell vigilará el reparto de las medidas para los ayuntamientos, anunciadas por el presidente del Gobierno.

Camps realizó este anuncio en una rueda de prensa posterior al pleno del Consell, donde criticó que la Comunitat Valenciana es la segunda autonomía, por detrás de Canarias, que menos fondo recibe por parado, con 829 euros, lo que representa un 23 por ciento menos que la media nacional, que se sitúa en 1.022 euros. En este punto, lamentó que mientras que en 2004 se recibía un total de 1.309 euros por parado, este ejercicio se ha reducido hasta 830, es decir, un 36,7 por ciento.

Esto significa, dijo, que Canarias, la Comunitat y Murcia son las únicas tres autonomías que no llegan a percibir 1.000 euros por parado, mientras que, por ejemplo, Andalucía recibió en este ejercicio 1.588 euros, es decir, en comparación con la autonomía valenciana, un 91,6 por ciento más.

Si en esta situación se tiene en cuenta que una serie de comunidades reciben fondos adicionales de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para ´Planes Integrales de Empleo´ o similares, la Comunitat sería la autonomía que menos fondos por parado recibiría, ya que Canarias es una de las que sí cuenta con un plan adicional, y queda también un 30 por ciento por debajo de la media nacional.

Camps explicó que la «poca» aportación económica a la autonomía valenciana en este ámbito responde a criterios que «ha venido aplicando» el presidente del Gobierno central, José Luis Rodríguez Zapatero, en 2006, 2007 y 2008, que no son resultado de lo que se acordó en el año 2000. En este sentido, expuso que a partir de 2006, el Ministerio de Trabajo propone un sistema de reparto que garantiza una parte importante de los fondos asignados el año anterior a cada autonomía, al margen de lo que ocurra en el mercado de trabajo, es decir, que no se tiene en cuenta el número de parados.

Proporción

De este modo, Camps lamentó que la proporción de fondos que no se distribuyen en función de criterios objetivos de paro, ha pasado del 26 por ciento en 2005 hasta el 98 por ciento en 2007 y 2008, distribuyéndose en base a los criterios tan sólo el dos por ciento de los fondos. Esta medida, resumió, ha provocado a la Comunitat una pérdida de fondos «importante» con una «brecha» que se va a ampliando paulatinamente, ya que este año, debería haber recibido 66 millones de euros, y entre 2005-2008 unos 155 millones de euros.

Por ello, y ante esta situación, anunció que el lunes pedirá un encuentro con Solbes, en un intento para que los criterios de políticas de empleo «varíen» y se reconozca el número de parados y demandantes de empleo de las comunidades autónomas. Tras pedírselo al ministro, lo intentará con Zapatero, porque éste hace un uso «partidista» y «sectario» de los fondos con el objetivo de «beneficiar» a las autonomías «con un signos político» y «discriminar a otras».

Sin embargo, Camps resaltó que entre ciudadanos «no se puede distinguir», al igual que tampoco debe diferenciarse entre parados. Puntualizó que, en el reparto de fondos, pueden haber diferencias, pero «no la brecha que existe en la actualidad, que es incomprensible», insistió.

Más población y empleo

Gerardo Camps aprovechó este asunto para recordar que la población valenciana ha crecido en casi un millón de personas desde 1999, y que desde 1995 el número de ocupados ha aumentado en este territorio en 932.700 personas, factores que el Estado también tendría que tener en cuenta en la distribución de esos fondos, dijo.

La razón, recordó, es que las políticas de empleo de España se financian en parte con cargo de las cuotas de formación profesional de los trabajadores ocupados, y que la mayor recaudación para el Estado «no ha revertido estos mayores fondos en apoyo de los parados valencianos».