La Central Sindical Independiente y de Funcionarios, CSIF, aseguró que el Proceso de Bolonia «ha despertado del letargo al estudiante universitario».
El sindicato ha analizado en una jornadas internas con representantes de la comunidad universitaria y la educación en general, las ventajas e inconvenientes del llamado Proceso de Bolonia, la adaptación de las Enseñanzas Universitarias al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), coincidiendo con las nuevas protestas masivas en la Comunitat Valenciana.
El profesor de la UJI, Jacinto Pallarés, secretario de Acción Sindical de CSIF Castellón, ha sido el encargado de plantear diversas conclusiones acerca de la polémica y la oposición generada por este cambio, que considera que «ha venido impuesto tecnocráticamente y que a pesar de llevar 20 años en marcha, es ahora cuando parece que se ha tomado conciencia de su calado». Añadió que «supone el despertar de un largo letargo de los estudiantes, que en los últimos años se han quejado de transportes, horarios o precios de cantina, y ahora, vuelven a ocupar su papel protagonista».
«Estas protestas -continúa- no carecen de fundamento y defienden con razón como ´mala política´ el considerar el número de matrículas como el criterio de viabilidad de una carrera, cerrando puertas a un pilar fundamental de la formación universitaria: el acceso a la erudición y el saber, presente en la humanística».
A este respecto, CSIF defiende como principales ventajas del proceso, en primer lugar, tener unos títulos que cumplirán los estándares europeos y, en segundo lugar, que ello obligará a una profunda reflexión sobre las materias que deben impartirse en cuatro o cinco cursos de enseñanza reglada, y la amplitud de los correspondientes programas, para que un alumno medio emplee cuatro o cinco años en cursarlas.
También considera positivo que permitirá la libre circulación de profesionales, de manera que un docente español podrá impartir su asignatura en otros países de la Unión Europea.
Otro hechos que motivan esas protestas, en opinión de la entidad, son «que se promueve la enseñanza para quien la pueda pagar; y para quien no, que se pida una beca préstamo a devolver en cómodos plazos cuando se trabaje; la mercantilización del saber, el precio excesivo de los másteres para completar la formación voluntaria con el postrado; la obligación de realizar un año de prácticas no remuneradas en empresas, y el fomento de la financiación de la enseñanza por la empresa privada controlando los programas».
Esto último «choca de frente con la concepción de la Educación Superior como servicio público, al igual que el resto de etapas educativas», advirtieron.
En este sentido, el sindicato apuntó que «otro reto es la financiación insuficiente y la falta de recursos e incentivos para el profesorado que debe llevar a cabo la implantación de los nuevos planes de estudios, ya que de los 27 países más desarrollados el salario medio del profesorado universitario español se sitúa en el puesto 25».
Por ello, aunque el proceso sea «irreversible, esperemos que las protestas sirvan para corregirlo y mejorar el resultado final», concluyó Pallarés.