La finalidad del programa es, según fuentes de la Generalitat, «ayudar a las familias atenuando el gasto y eliminando problemas relacionados con la vestimenta de sus hijos». Al mismo tiempo, estiman, «se pretende proyectar una imagen de prestigio en la escuela pública».
El departamento ha tenido en cuenta además «informes que acreditan que los uniformes favorecen una mejor integración de todo el alumnado eliminando las diferencias debidas a la vestimenta y por tanto, puede ayudar a resolver o atenuar problemas relacionados con la convivencia escolar».
La medida, según fuentes de la conselleria, «posee un impacto social inmediato que fomentará una cultura del consumo más responsable evitando las rivalidades y envidias que provoca el uso de la ropa de marca» y se ha considerado que puede facilitar la integración del colectivo inmigrante.
Esta medida, contemplada en el Decreto de Derechos y Deberes, «pretende evitar los conflictos entre padres e hijos con relación a la ropa que usan a diario los escolares. Al mismo tiempo, erradicará indumentarias inadecuadas o inapropiadas entre los escolares».
Este proyecto piloto se va a implantar en 11 colegios de la Comunitat Valenciana de forma experimental. La adopción del uniforme ha sido una decisión tomada por los consejos escolares de manera independiente «y no se ha impuesto nada». Según la Generalitat, son los consejos escolares integrados por profesorado, padres y alumnos quienes han votado a favor de la utilización del uniforme a partir del próximo curso.
Los 11 centros son, en Alicante: CEIP Gran Alacant (Santa Pola), CEIP Habaneras (Torrevieja) y CEIP Costa Blanca (Alicante). En Castellón: CEIP Andrés Vilarroya (Castellón) y CEIP Sanchis Yago (Castellón) y en Valencia: CEIP Sant Miquel (Lliria), CEIP San Vicente Ferrer (Lliria), CEIP Artista Fallero (Valencia), CEIP Marqués del Turia (Valencia) y dos centros CAES que faltan por confirmar.
La Comunitat Valenciana acoge esta idea de otros proyectos similares llevados a cabo en otras comunidades autónomas. La Comunidad de Madrid, por ejemplo, apoya la autonomía de los consejos escolares para emprender esta iniciativa y de hecho, 30 colegios lo tienen implantado. En Castilla-León, Asturias y La Rioja también están estudiando implantar proyectos similares en las escuelas públicas, informaron las mismas fuentes.
La directora general de Evaluación, Innovación y Calidad Educativa y de la Formación Profesional, Auxiliadora Hernández, afirmó que éste «es un debate que está abierto en otros países y otras comunidades autónomas y esta conselleria no quiere dejar pasar algo que los estudios nos están diciendo que es positivo».
A su juicio, la experiencia es positiva porque «creemos que cualquier propuesta que eleve el rendimiento escolar de los alumnos, que incremente la valoración de la actividad docente y que consolide el prestigio social de la institución es bueno».
La iniciativa parte de la conselleria de educación, pero son los consejos escolares quienes deciden participar o no en este proyecto, que es «experimental y piloto» y «absolutamente voluntario por parte de los centros».